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La violencia del primer año de la dictadura argentina en el diario «La Opinión»

Par Aurélia Gafsi : Agrégée d'espagnol - ENS de Lyon
Publié par Elodie Pietriga le 18/01/2022
El golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la última dictadura argentina que duró hasta 1983. El primer año de la dictadura se caracterizó por una violencia omnipresente que la prensa del país hizo visible. Un estudio de la cobertura periodística de la violencia en el diario nacional ((La Opinión)) permite destacar la variedad de violencias que marcaron la sociedad argentina. La elección de este diario se relaciona con el público lector que tenía. El periódico era uno de los cuatro diarios nacionales con amplia difusión —los otros diarios del mismo tipo son ((La Nación)), ((Clarín)), ((La Prensa)). Por consiguiente, se puede considerar que este diario da a ver las elecciones de un equipo editorial que no escribía para una minoría. Sin embargo, queremos subrayar que César Díaz en ((La cuenta regresiva)) indica que ((La Opinión)) no tenía un público lector tan amplio como otros diarios nacionales. Es decir que los argentinos que leían el diario eran sobre todo universitarios, intelectuales y políticos. Y César Díaz precisa que Jacobo Timerman —fundador del diario y director hasta su secuestro en abril de 1977— tenía conciencia de que su diario no se dirigía a la « inmensa mayoría ». Así el diario elegido, era paradójicamente un diario con difusión nacional pero también el diario nacional con más reducido lectorado. Entonces se trata de plantear cómo los periodistas mostraron a sus lectores esas violencias múltiples durante los primeros meses de la dictadura.

 

Junta militar argentine 1976

Jorge Rafael Videla juramentándose presidente en la Casa Rosada el 29 de marzo de 1976, dominio público.
Fuente: Wikimedia.

Introducción

Desde 1977, cada jueves a las quince las abuelas y madres de los desaparecidos de la última dictadura militar se reúnen en la plaza de Mayo, en Buenos Aires, y empiezan este acto de memoria que consiste en enumerar los nombres de los desaparecidos y en contestar un « presente » lleno de sentido. Pues, los llamados desaparecidos siguen presentes en la sociedad argentina. Representan la violencia y lo indecible de la dictadura militar que vivió la Argentina entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Hombres y mujeres siguen luchando por los que desaparecieron bajo esta dictadura. La reunión de las abuelas y madres, prueba rotunda de ello, obliga a plantear varias cuestiones sobre la violencia de aquel periodo. En efecto el caso de los desaparecidos en aquella época supone una represión violenta del Gobierno militar mediante secuestros y asesinatos.

El número de desaparecidos, o sea de víctimas muertas, provocó un debate aún sin cerrar. Dos cifras se oponen: las asociaciones y los defensores de los derechos humanos machacan que hubo 30.000 desaparecidos y muertos, mientras que otras voces usan la cifra de 7.500. Las dudas acerca de la cifra de las asociaciones aparecen en testimonios de militares representantes de la última dictadura. Por ejemplo, en un documental de 2004 ((Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa. de Marie-Monique Robin)), Reynaldo Bignone (Presidente de la República Argentina a finales de la dictadura, entre 1982 y 1983) opinó que 30.000 era una falsa cifra y que la verdadera cifra sería 7.500. El periodista argentino Ceferino Reato también puso en tela de juicio la cifra de 30.000 en su libro más reciente: Los 70. La década que siempre vuelve (2020). Basándose en los registros públicos considera que la dictadura hizo 7.500 víctimas. Al contrario, los miembros de asociaciones y los defensores de los derechos humanos defienden la cifra 30.000. Así, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la plaza de Mayo, indicó que a finales de la dictadura los mismos genocidas calculaban que había unas 45.000 víctimas. Además, en el prólogo de la nueva versión del informe Nunca más publicada en 2006, Eduardo Luis Duhalde (historiador, periodista y abogado) escribió que: « la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina de la seguridad nacional ». Esta frase subraya un cambio que diferencia la reedición del Nunca más con la versión original. En efecto, en 1984, cuando se publicó ese informe de la CONADEP (Comisión para la Desaparición de Personas), un balance provisional indicaba al menos 8.000 víctimas muertas o desaparecidas. El cambio de número entre 1984 y 2006 se puede explicar por la toma de palabra de familias de desaparecidos que no se habían atrevido a hacerlo antes. Subrayamos que el balance de 1984 era provisional, es decir que el número de víctimas no quedó establecido definitivamente. Para concluir acerca del número de víctimas de la dictadura, cabe insistir en el hecho de que este debate acerca del número de víctimas (30.000 o 7.500) sigue sin cerrar.

         Además, hay que indicar que la violencia en la Argentina no empezó con la toma del poder por la Junta Militar el 24 de marzo de 1976. En efecto, el principio de los años 1970 se caracterizaba ya por una violencia no menos sangrienta. Así Ceferino Reato subrayó que las guerrillas mataron a 1 094 argentinos. Pero antes de estudiar los múltiples rasgos de la violencia en esos años, cabe definir la noción de violencia. Queremos proponer tres pistas de definición de esta noción que ilustra la cobertura periodística del primer año de la dictadura en La Opinión.

La primera pista procede del filósofo esloveno Slavoj Zizek, quien propone una definición de la violencia en la introducción de su libro Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Empieza anunciando que « las constantes señales de violencia son actos de crimen y terror, disturbios civiles, conflictos internacionales » (Zizek, 2009, 9). Añade que esos actos son los rasgos definitorios de una violencia que llama « subjetiva ». Es el tipo más visible y evidente de violencia porque se manifiesta por actos en que se emplean la fuerza física. Zizek subraya la visibilidad de la violencia « subjetiva » que define como « directamente visible, practicada por un agente que podemos identificar al instante » (Zizek, 2009, 9). Entonces, la visibilidad de esa violencia no sólo pasa por los actos que demuestran el uso de la fuerza contra alguien, sino también por la posibilidad de identificar los autores de dichos actos. La definición de la violencia como una práctica que se puede atribuir a « un agente » identificable, permite preguntarse quiénes son esos agentes de la violencia en la Argentina de los años 1970. Dos grandes tipos de violencia se destacan en esa época. Primero, a partir del principio de la década, existía una violencia de las guerrillas de extrema izquierda (las más activas fueron los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo) y de extrema derecha (la Alianza Anticomunista Argentina también llamada triple A) que llevaban a cabo acciones armadas contra militares y políticos. Segundo, a partir del 24 de marzo de 1976 el Gobierno realizó acciones de represión en el contexto de la lucha antisubversiva.

El tema de la lucha de la Junta militar contra la llamada « subversión » nos lleva a la segunda pista de definición de la violencia. Según el filósofo, economista y sociólogo alemán Max Weber, la violencia es el uso de la fuerza entendido como monopolio del poder estatal. En una transcripción de una conferencia suya (« El Político y el Científico “La Política como Vocación” ». Editorial Premia, México, 1919), indicaba que el « Estado sólo se puede definir sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física ». Considera la violencia como el « medio específico » del Estado y lo subraya con la idea de que cuando emite esa tesis (a principios del siglo XX), el « Estado es aquella comunidad humana que [...] reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima ». Así se plantea la cuestión de la legitimidad y de la impunidad de la violencia definida como uso legítimo de la fuerza por el Estado. En el contexto de la dictadura militar argentina, la legitimación de la violencia estatal y sus representantes militares o policiales pasa por un discurso estatal que dibuja el retrato de la figura del enemigo: el « subversivo ».

El retrato de esa figura del enemigo implica un nuevo tipo de violencia que se define como el uso de la fuerza considerado como ilegítimo. En su libro titulado Violences politiques (2004), el sociólogo francés Philippe Braud da —lo que las ciencias sociales llaman— una definición legitimista de la violencia. Para él, la violencia siempre se considera como rasgo del bando enemigo, es decir que la violencia se define por un uso de la fuerza percibido como ilegítimo. El problema de dicha definición es que implica una asimetría entre diferentes usos de la fuerza según su grado de legitimidad y aceptabilidad. Veremos que esta asimetría es omnipresente en el discurso oficial de los militares acerca del enemigo « subversivo ». Así, la definición legitimista de la violencia se usó en la construcción de la figura del enemigo por los militares, tal y como la difundieron los periodistas de La Opinión.

En este diario, se nota que antes del golpe de Estado, a principios de los años 1970 una doble violencia caracterizaba el panorama social de la Argentina. En efecto, se enfrentaban las guerrillas y los grupos armados militares o policiales. La cumbre de esa violencia armada ocurrió a partir del golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976. A partir de aquel día, el Gobierno militar trató de aplicar el proyecto de « Reorganización nacional » basado en una lucha sanguínea contra la llamada « subversión ». Aquella lucha se llevó a cabo mediante una represión violenta, sistemática e ilegal que duró hasta el final de la dictadura en 1983. La violencia armada —como monopolio del Poder Ejecutivo o como uso de la fuerza considerado ilegítimo— es el tipo de violencia más evidente que se destaca en el diario. Sin embargo vamos a ver que La Opinión hizo visibles otros tipos de violencia, creando así una diversidad de violencias.

I. La violencia política del golpe de Estado legitimada por la crisis nacional

Para empezar analizando la violencia del principio de la dictadura militar a través del diario La Opinión, cabe enfocarse en la cobertura periodística del golpe de Estado. ¿Cómo los periodistas percibieron y mostraron a la opinión pública la violencia del golpe? Durante el mes de marzo de 1976, los periodistas desempeñaron un doble papel. Por una parte, crearon y difundieron la actualidad de la crisis institucional, social, económica, política que caracterizaba el país; y por otra parte, prepararon al público lector al golpe de Estado militar. Dado el contexto de crisis, el golpe apareció como legítimo en los diarios argentinos. Así, « el golpe del 24 de marzo de 1976 fue legitimado por la gran prensa nacional como la única solución política efectiva frente a los errores del Gobierno, a una realidad social, política y económica que se juzgaba caótica » (Borrelli, 2011, 31). El historiador Marcelo Borrelli insiste en la idea del consenso entre los periodistas de la época. La intervención de los militares en el escenario político y social del país se consideró en la prensa como la única solución para salir adelante. Por consiguiente, el uso de la fuerza física durante el golpe de Estado se consideró como legítimo de manera consensual en el ámbito de la prensa. Así, la toma del poder por los militares y la destitución del Gobierno de Isabel Perón no se definieron como violencia. Como lo hemos mencionado en la introducción, la cuestión de la legitimidad se puede relacionar con la teoría de Max Weber. Sin embargo, cabe subrayar que durante el golpe de Estado, los militares todavía no representaban el poder estatal, es decir que la idea de monopolio de la violencia legítima no se puede aplicar a este caso, al contrario de la violencia usada contra los subversivos que estudiaremos más adelante.

La legitimación del despliegue de violencia durante el golpe se preparó antes del 24 de marzo de 1976. En efecto, el 2 de marzo una doble página de La Opinión planteó la pregunta del papel de « todos los sectores con capacidad dirigente » para acabar con la crisis. En relación con los militares, los periodistas destacaron el concepto que llamaron: « golpe patriótico ». Lo definieron como « la eventualidad de una obligada participación política de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de poder ». A principios del mes de marzo el golpe de Estado apareció entonces como una posibilidad que el diario no rechazaba. El consenso en cuanto a la aceptación de la intervención militar entre los periodistas de La Opinión se confirmó el día del golpe, o sea el 24 de marzo de 1976.

Es interesante notar la adhesión del diario que analizamos y de la mayoría de la prensa argentina al golpe militar y al Gobierno de la Junta militar. Esta adhesión que se destaca en el diario también implica que los periodistas transmitieron a la opinión pública una imagen legítima de la intervención militar. Esta intervención se acompañó de cierta violencia ya que los militares destituyeron a la presidente Isabel Perón, quien quedó detenida y confinada en el sur del país. La destitución forzada de la presidente marca una ruptura con el régimen democrático, lo que confirma  la formación de un nuevo Gobierno formado por la Junta militar el 24 de marzo. La cuestión del consenso entre la población argentina surgió explícitamente en La Opinión el 27 de marzo, o sea poco después del golpe. Un párrafo titulado « Reflexión » mostró que el equipo editorial consideraba que el pueblo argentino compartía con él la adhesión al nuevo régimen. En efecto, se puede leer que « los argentinos, como se advierte en todos los sectores ―aun dentro del ex oficialismo― agradecen al Gobierno militar el haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la disolución del país ».

Así, la violencia política del golpe de Estado apareció como una toma del poder legítima para acabar con la crisis nacional.

II. La violencia represiva legitimada por la lucha antisubversiva

En la introducción hemos mencionado que un clima de violencia caracterizaba a la Argentina antes del golpe de Estado. Después del 24 de marzo de 1976, la intervención militar en el ámbito político también implicó cierta violencia. En efecto, para llevar a cabo la llamada « lucha antisubversiva » el Gobierno militar organizaba intervenciones armadas en el país. Se trataba de intervenciones que formaban parte del proyecto de « Reorganización nacional » y por ello se caracterizaban por una organización previa y estratégica por parte de los militares. La lucha antisubversiva se llevó a cabo contra cualquier posible opositor al régimen militar, como es el caso en muchos regímenes dictatoriales. Sin embargo, aquella lucha fue muy singular ya que era uno de los objetivos oficiales anunciados por la Junta militar. Los comunicados oficiales publicados en los diarios nacionales, como La Opinión, ya mencionaban ese objetivo —lo que implícitamente anunciaba también el uso de la fuerza para acabar con la « subversión »— poco después del golpe. Así, la portada del 25 de marzo de este diario era una transcripción de los « propósitos y objetivos básicos » del nuevo Gobierno. Esta transcripción de los comunicados oficiales en el diario es sumamente interesante porque pone de relieve el discurso de la Junta militar que legitimaba el uso de la violencia contra los « subversivos ». De esta manera se fue creando a través del diario un relato oficial de lo que estaba sucediendo en el país. Desde el punto de vista de los militares, la lucha contra la subversión no era violencia sino un uso de la fuerza legitimado por los objetivos de seguridad nacional y de erradicación del peligro subversivo. Notamos que la mayoría de los artículos sobre los operativos militares contra la subversión se basaban en un comunicado oficial, es decir que el diario transmitía a la opinión pública la visión que los militares tenían de sus propias acciones armadas. Consideraban que la violencia era unilateral, es decir que caracterizaba al grupo de la llamada « subversión », mientras que las acciones antisubversivas eran sinónimos de seguridad nacional y entonces de legitimidad del uso de la fuerza. Así, los periodistas reprodujeron los discursos de los militares sin matizarlos ni añadir ningún comentario. Ocurrió en una nota de la portada del 8 de julio de 1976 titulada: « La fuerza debe usarse dentro de la ley, sostuvo Harguindeguy ». La nota reproducía un discurso del Ministro de Interior en el cual éste opinaba que : « todos los miembros de la Policía Federal deben tener presente que el empleo de la fuerza, que presupone reprimir, no es sino la respuesta a la violencia de la subversión. Pero nuestra acción encuadrada en normas éticas y ajustadas a nuestro ordenamiento jurídico, persigue además, un fin superior: preservar a las instituciones y a los hombres. » La nota no comentaba ni criticaba dicha idea lo que muestra una adhesión de los periodistas a la violencia de Estado.

A partir del 24 de marzo de 1976, en el diario que estudiamos apareció una oposición antagónica entre: por una parte, « las fuerzas conjuntas » o sea las fuerzas militares y policiales y, por otra parte, « los extremistas ». Cabe indicar que las dos expresiones que acabamos de citar aparecían regularmente en el diario, signo de una división profunda dentro de la sociedad. Dicha división se manifestó por una serie de enfrentamientos armados que oponían a esos dos grupos. Lo interesante es que ambos grupos usaban la violencia armada durante los combates. Sin embargo, en el diario, la violencia se asociaba exclusivamente a los opositores al régimen. Se publicaron muchas notas editoriales enfocadas en esos enfrentamientos armados. Ésas distinguían: por una parte, la idea de seguridad asociada a los militares y representantes del Gobierno; y, por otra parte, la de delincuencia y de subversión. Desde ambos grupos el uso de la fuerza tenía como objetivo provocar heridos y muertos, entonces se puede aplicar la noción de violencia a ambos bandos, si definimos la violencia como el hecho de dañar voluntaria y físicamente a personas. Sin embargo, la idea de legitimidad del uso de la fuerza por los militares explica que los periodistas de La Opinión diferenciaran violencia « subversiva » y protección armada de la seguridad nacional. El clima de violencia instalado en el país desde el golpe de Estado era evidente en el diario mediante la multiplicación de notas que abordaban el tema de los enfrentamientos armados. A partir del golpe de Estado, se destacan en La Opinión muchas notas cuyo título anunciaba la muerte de « extremistas » por la acción de la policía o de los militares. Los títulos crean una proximidad temática y léxica entre esas notas que fueron formando un verdadero corpus. Para mostrarlo, hemos elegido varios títulos que ilustran ese conjunto de notas sobre la muerte de subversivos: « Efectivos militares abatieron en Córdoba a 3 extremistas » (8 de abril de 1976), « La policía abatió a tres extremistas » (18 de abril de 1976), « Abatieron a dos extremistas en Córdoba » (2 de mayo de 1976), « Fueron muertos en Córdoba tres elementos extremistas » (3 de junio de 1976), « Cuatro extremistas abatió la policía » (17 de junio de 1976). Esos títulos subrayan una banalización de los enfrentamientos armados que se concluían con la muerte de uno o varios opositores al régimen. El carácter cada vez más banal de esa violencia física va de la mano con la legitimación de la lucha antisubversiva por la prensa.

Luego existieron otros dos tipos de acciones de la lucha antisubversiva: por una parte, los operativos de búsqueda (también llamados rastrillajes); y por otra parte, las condenas judiciales. Los rastrillajes eran un método de búsqueda de lugares ocupados por subversivos en el territorio nacional. En esos casos se puede hablar de violencia en el sentido del uso de la fuerza física para dañar objetos materiales. En La Opinión aparecen varios artículos acerca de la evolución de los rastrillajes que permiten a los lectores seguir los avances de la lucha antisubversiva. Los lugares buscados por los militares son de varios tipos: refugios, arsenales, imprentas. El punto común entre éstos es que correspondían a la vida y a la organización de los grupos subversivos. En ambos casos, el rastrillaje aparecía como una manera de prevenir acciones violentas de la subversión y, por consiguiente, de aplicar la doctrina de « Seguridad Nacional ». Al contrario de los enfrentamientos y de los rastrillajes, el último tipo de operativo contra la subversión no era militar sino judicial. En efecto, la lucha antisubversiva también se caracterizó por medidas judiciales tomadas bajo el Gobierno militar. Se destacan varias notas en cuanto a condenas y arrestos por motivo de subversión. En el diario esas condenas aparecían como legítimas ya que la misma idea de subversión era sinónimo de delincuencia. De hecho, el discurso oficial asimilaba los opositores al régimen a delincuentes. Así la legitimación de la violencia militar se construyó: primero, en el discurso militar; segundo, en la prensa nacional.

Entonces, a lo largo del primer año de la dictadura, el diario se convirtió en vocero: primero, de las múltiples acciones armadas del Gobierno contra la subversión (enfrentamientos armados, rastrillajes, condenas judiciales); y segundo del discurso oficial que asimilaba la « subversión » a la delincuencia para legitimar la violencia usada contra ella.

III. La violencia contra la prensa

Después del golpe de Estado aparecieron notas muy breves relacionadas con la relación entre los militares y la prensa. Esas notas breves no eran firmadas e informaban acerca de clausuras de diarios decididas por la Junta militar. Los títulos de las notas sobre el tema muestran que las clausuras fueron temporarias o permanentes. El mismo diario La Opinión fue clausurado por el Gobierno militar el 29 y el 30 de enero de 1977. Notamos que la clausura del diario que estudiamos suscitó la reacción de periodistas de otros diarios. Estas reacciones editoriales aparecieron en La Opinión con un artículo publicado el 3 de febrero de 1977 — o sea después de los dos días de clausura —  que se titula: « Criticó La Prensa la actitud del Gobierno al sancionar La Opinión ». El centro del artículo reproducía el editorial de La Prensa que denunciaba lo inconstitucional de la clausura ya que fue una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo — y ponía de manifiesto que « la prensa es la única institución privada que goza de inmunidad constitucional ». Entonces, la clausura temporaria de La Opinión abrió un debate sobre la libertad de expresión de la prensa. De hecho, las numerosas clausuras de diarios nacionales o regionales que cubrió La Opinión iba dando la imagen de una prensa amordazada o al menos vigilada por los militares. En las notas que cubrían esos eventos, observamos una variedad en los tipos de diarios clausurados: son tanto diarios provinciales leídos en ciertas ciudades o regiones, como diarios nacionales cuya difusión es mucho más amplia (fue por ejemplo el caso de La Opinión). Los diarios que no sufrieron clausura se caracterizaron por un contenido que la Junta no juzgó peligroso. En efecto, había temas sensibles que los periodistas debían usar con cautela. Es por ejemplo el caso de la imagen de los militares: cualquier artículo o nota que comprometiera la imagen pública de los militares solía provocar la clausura del diario, como fue el caso del diario de La Rioja Noticias Argentinas.  En los casos de clausura los motivos de aquella decisión del Poder Ejecutivo no eran muchos ni muy claros. Sin embargo, la razón oficial más frecuente de clausura atañía al contenido de los diarios, acusados de difundir ideas subversivas. Así, el Gobierno militar trató de censurar y silenciar diarios considerados como peligrosos, lo que es una forma de violencia simbólica contra la prensa.

La violencia simbólica contra la prensa no fue el único tipo de violencia visibilizado por La Opinión durante el primer año de la dictadura. En efecto, los periodistas también fueron víctimas de una violencia física e incluso mortal. A lo largo del primer año del régimen militar, se multiplicaron notas sobre actos violentos contra periodistas: amenazas, secuestros y desapariciones. La cuestión de los periodistas como blanco de actos de violencia apareció explícitamente en la portada del 12 de noviembre de 1976 con dos notas sobre un atentado contra un columnista de La Opinión (José Ignacio López) en casa de quien había estallado una bomba un día antes de la publicación de la nota. Además, en abril de 1977 se destaca en el diario la desaparición de tres periodistas : un gerente técnico, el subdirector y el director de La Opinión. La primera desaparición destacada por el diario es la de Edgardo Sajón: ex secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación bajo Alejandro Agustín Lanusse, director de la planta gráfica donde se imprimía La Opinión y miembro del Comité Ejecutivo del mismo diario. Luego, se multiplicaron los artículos sobre la desaparición del director y del subdirector del diario: Jacobo Timerman y Enrique Jara. Hubo una verdadera movilización del equipo editorial para encontrar a aquellas tres figuras centrales. Lo que los periodistas de La Opinión no sabían en aquella época es que esas desapariciones eran el signo de una violencia estatal clandestina mediante detenciones de periodistas fuera del marco legal y judicial habitual.

Entonces, el tercer tipo de violencia que hizo visible La Opinión fue la violencia dirigida contra la prensa. Esa violencia empezó a aparecer en el diario con notas y artículos acerca de clausuras temporarias o permanentes de diarios decididas por el Poder Ejecutivo. La clausura (temporaria o definitiva) de diarios no ilustra una violencia en el sentido del uso de fuerza física contra individuos sino una violencia simbólica que consistió en amordazar la prensa. Además, el diario mostró que los periodistas también fueron víctimas de una violencia física mediante actos de intimidación, secuestros o asesinatos.

IV. Una violencia no identificada

En su libro Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, el filósofo esloveno Slavoj Zizek caracteriza la violencia por las « señales » con las que se manifiesta: « actos de crimen y terror, disturbios civiles, conflictos internacionales » (Zizek, 2009, 9). El último tipo de violencia que La Opinión hizo visible entre 1976 y 1977 no corresponde a esta definición del concepto. En efecto, se trata de una violencia no identificada. Esta expresión remite a una violencia que no es « directamente visible [ni] practicada por un agente que podemos identificar al instante » (Zizek, 2009, 9) ya que el diario mostró que generaba muchas incertidumbres. Usamos la expresión de violencia no identificada porque las causas y los autores de los actos violentos (asesinatos, desapariciones, secuestros) quedaban desconocidos y que muchas preguntas seguían sin repuesta. El diario dio a ver este tipo de violencia mediante artículos y notas que se iban multiplicando sobre cuatro temas: los hallazgos de cadáveres, la multiplicación de los asesinatos, las « desapariciones » y secuestros, y por fin las demandas públicas de familiares o amigos de « desaparecidos ». Las notas y artículos centrados en esos sucesos ponen de relieve una violencia inexplicable e inexplicada en la época.

El carácter incomprensible de dicha violencia se confirmó en unos artículos del diario enfocados en iniciativas personales con vistas a descubrir la suerte corrida por familiares desaparecidos. Los periodistas mostraron que hubo una variedad de iniciativas en reacción a la multiplicación de desapariciones. Primero, a partir de marzo de 1977 —o sea un año después del golpe militar— se publicaron artículos sobre la presentación de hábeas corpus ((« Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse » in RAE, « Diccionario de la lengua española » - Edición del Tricentenario. Accedido 26 de mayo de 2020. https://dle.rae.es/habeascorpus)) en cuanto a la suerte corrida por desaparecidos. La presentación de hábeas corpus fue una reacción de familiares o amigos de desaparecidos que consistió en reclamar al Gobierno « el derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue legal, y si debe levantarse o mantenerse ». Los periodistas precisaron que los familiares exigían a las fuerzas de seguridad informes en cuanto a arrestos supuestos por grupos armados no identificados. Una enumeración de los nombres de los desaparecidos muestra que el diario publicaba y hacía visible para los lectores la identidad de los desaparecidos para quienes estaban presentados los hábeas corpus. Segundo, otro tipo de iniciativa de familiares de argentinos desaparecidos misteriosamente era la presentación de textos firmados por familiares y amigos de desaparecidos ante la Corte Suprema de Justicia. Los periodistas dedicaron varios artículos a aquellas demandas públicas por los casos de desapariciones mediante vías legales. Así, el diario se hizo portavoz de la demanda de verdad y justicia que brotó en la sociedad argentina durante el primer año de la dictadura militar. Lo inexplicable de esos actos de violencia (hallazgos de cadáveres, asesinatos y secuestros no aclarados por la policía) subraya entonces un ambiente de opacidad de la violencia.

La demanda de verdad y justicia sigue presente hoy en día en el país, como lo subraya el lema « Juicio y castigo » que reivindican las asociaciones de víctimas. En efecto, la violencia que difícilmente se podía identificar durante la dictadura se convirtió en una huella de la dictadura. Unos años después, la opinión pública y los periodistas consiguieron tener una explicación de muchos de los casos de desaparición. En efecto, en el Juicio a las Juntas de 1985, la Justicia empezó a elucidar esa violencia no identificada. La condena de los militares en el poder por la represión clandestina llevada a cabo entre 1976 y 1983 revela la suerte corrida por los desaparecidos que fueron detenidos por militares, secuestrados, torturados y asesinados. En efecto, a pesar de que los grupos guerrilleros también organizaran acciones violentas, no llevaron a cabo un plan sistemático de detenciones clandestinas y ejecuciones ilegales. Además, los militares fueron responsables de la mayoría de los actos violentos y también de la mayoría de las víctimas en aquellos años (como lo indican las cifras de Ceferino Reato).

Conclusión

Entre marzo de 1976 y abril de 1977, los periodistas de La Opinión hicieron visibles para sus lectores cuatro tipos de violencia. Podemos, entonces, hablar de violencias en plural para caracterizar el primer año de la dictadura militar tal como apareció en el diario. Sin embargo, cabe indicar que esas violencias no sólo fueron el fruto de la llegada de los militares al poder. En efecto, algunos actos de violencia dan a ver la acción de grupos guerrilleros cuya violencia ya existía en el país antes del golpe de Estado de 1976. Aquellos grupos fueron víctimas de la represión militar y fueron escaseando. Las acciones violentas que llevaron a cabo —sobre todo en los primeros meses de la dictadura— fueron respuestas a la violencia militar pero en la cobertura periodística aparecieron como actos subversivos. Así, sería erróneo y simplista considerar que la Junta militar fue responsable de todos los sucesos violentos visibilizados por el diario entre marzo de 1976 y abril de 1977. Sin embargo, la violencia llevada a cabo por la Junta militar y sus representantes fue mayor y por eso no se puede comparar las dos violencias. En efecto, la represión militar fue una violencia sistemática al contrario de los actos violentos de los demás grupos. Lo sistemático de la violencia militar explica la multiplicación de los artículos dedicados a fenómenos violentos en La Opinión a partir del golpe de Estado. La violencia apareció como proteiforme.

En marzo de 1976, el diario preparó la opinión pública al golpe de Estado militar, legitimándolo por la gravedad de la crisis y por la idea de “agonía” del Gobierno de Isabel Perón que no lograba solucionar dicha crisis. Después, a partir de la llegada al poder de los militares, los periodistas construyeron la imagen de una violencia legítima asociada al Gobierno militar opuesta a una violencia denunciada y descrita como ilegítima atribuida a la subversión. Por fin, el equipo editorial de La Opinión hizo visibles la violencia que tomó en blanco a los periodistas, y también los actos de violencia no identificada por la ausencia de explicación acerca de asesinatos, desapariciones y secuestros.

En 2021, la cuestión de la violencia ocurrida bajo la dictadura de 1976 a 1983 sigue de actualidad. En efecto, las abuelas de la plaza de Mayo siguen desfilando cada jueves a las tres de la tarde y buscando a sus nietos. Cuando escribimos esas líneas, en la página web de la organización de las abuelas de plaza de Mayo podemos leer que sólo 128 nietos fueron encontrados mientras “aún son más de 300 los hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa”. Las muchas preguntas sobre la suerte corrida por los desaparecidos y por los niños robados subrayan que la violencia represiva y clandestina que existió bajo la dictadura sigue teniendo consecuencias, aún cuatro décadas después.

Notas

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Pour citer cette ressource :

Aurélia Gafsi, "La violencia del primer año de la dictadura argentina en el diario «La Opinión»", La Clé des Langues [en ligne], Lyon, ENS de LYON/DGESCO (ISSN 2107-7029), janvier 2022. Consulté le 28/05/2022. URL: https://cle.ens-lyon.fr/espagnol/civilisation/histoire-latino-americaine/argentine-et-uruguay/la-violencia-del-primer-ano-de-la-dictadura-argentina-en-el-diario-la-opinion