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La constitución española -1-

Maud Le Guellec

Este artículo es en gran parte un resumen del trabajo de Enrique Sánchez Goyanes, Constitución española comentada, Madrid, Thomson Paraninfo, 2003.

Breve historia del constitucionalismo español


Formalmente, la Constitución de Bayona, impuesta por Napoleón en 1808, es la primera constitución española.  Pero careció de vigencia ya que los españoles se lanzaron en la guerra de independencia y el rechazo total de Napoleón y de los franceses. La primera entonces es la Constitución liberal de 1812, promulgada por las Cortes de Cádiz y llamada « la Pepa ».
Globalmente, la historia constitucional manifiesta la pugna entre las dos grandes corrientes políticas nacionales : conservadores y progresistas. Así que a lo largo de la historia de España, alternan sucesivamente una constitución más liberal con una constitución más conservadora.
Bajo Franco, no existe Constitución pero sí un Ordenamiento constitucional, constituido de siete Leyes Fundamentales del Reino, promulgadas a lo largo de la dictadura franquista

Presentación de la Constitución de 1978


Su preparación


El proyecto constitucional viene preparado por una comisión constituida de : 3 miembros de la UCD, 1 miembro del PSOE, 1 miembro del PCE, 1 miembro de AP y 1 miembro de un partido catalán. El trabajo duró ocho meses.

Su contenido


Una Constitución es una superley o ley suprema, o sea es la síntesis de los principios y de las ideas que definen al proprio régimen : traza las líneas maestras, señala los valores superiores que después condicionan todo el  ordenamiento jurídico del país.

La Constitución española consta 169 artículos, repartidos entre una Parte Dogmática que contiene los grandes principios, los derechos fundamentales - por lo tanto la que más nos interesa aquí - y una Parte Orgánica que define el perfil del régimen político, la división de los poderes, el modelo de organización territorial, los derechos y deberes de los ciudadanos...

Ideológicamente, es una Constitución ecléctica, ya que fue el producto de una política de consenso. Así, junto a elementos ideológicos propios de programas conservadores (derecho a la propiedad privada y a la herencia), destacan otros de cuño liberal (reconocimiento de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado) y otros de cuño socialista (iniciativa pública amplia en economía, libertad e igualdad). Pero globalmente, se califica de progresita.

Su instauración


La Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. El 6 de diciembre se celebró un referéndum nacional en el que la aprobó el 87,7% de los votantes. Las dos últimas etapas fueron su sanción por el rey (el 27 de diciembre) y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (29 de diciembre).
Instaura una ruptura jurídica e institucional real entre la España franquista y la España democrática.



ESTUDIO LINEAR


Los dos primeros párrafos de la Constitución no son más una introducción :

« DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA. A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN.
SABED : QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICA LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN »

Pero vemos que refleja las distintas etapas de la promulgación de la Constitución : fue aprobada por las Cortes, ratificada por referéndum nacional, y sancionada por el Rey, pues es él quien la da a conocer.


1. PREÁMBULO


Pero si el rey da a conocer la Constitución, el preámbulo insiste en el hecho de que ésta procede de la soberanía popular. Así, en el primer párrafo podemos leer :
« La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía ...»

Estos valores de justicia e libertad vienen repetidos en los otros párrafos del preámbulo, mediante expresiones como « convivencia democrática », « orden económico y social justo », « imperio de la ley como expresión de la voluntad popular », « digna calidad de vida », « sociedad democrática avanzada ». En la misma línea, podemos destacar el deseo de paz y de cooperación entre los países.
Pero como lo vemos, también aparecen la preocupación más liberal de promoción de la economía y el concepto más liberal de seguridad, señal de este consenso entre las diferentes fuerzas políticas españolas que hemos subrayado.
 


2. TÍTULO PRELIMINAR


Artículo 1


En el primer artículo del título preliminar de la Constitución aparece una expresión clave para definir el Estado español. Dice : « España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho ». Intentemos definir cada uno de estos conceptos.

Estado social
Es un Estado que define en la práctica los derechos sociales de sus cuidadanos, que garantiza a sus ciudadanos la prestación de unos servicios (educación, vivienda, sanidad, trabajo...), o sea el ejercicio real de unos derechos económicos y sociales.
Según ciertos juristas, es innecesario precisar « social », bastaría la noción de « Estado democrático de Derecho ». Pero Fraga Iribarne lo justifica diciendo que sirve para contraponer un Estado liberal y un Estado social. La idea es que no sólo se conserva el statu quo, sino que se afirma la voluntad de aumentar la dosis de justicia natural.

Estado democrático
Para algunos especialistas de filosofía política como el profesor Lucas Verdú, el Estado democrático de Derecho sería una tercera etapa de evolución después de Estado liberal de Derecho y Estado social de Derecho.
En todo caso, sirve para recordar que la Ley es la expresión de la voluntad popular. La ley ata y obliga a todos, porque todos, a través del cauce electoral, han participado en su naturaleza, en su signo ideológico, en su imperio.

Estado de Derecho
Éste el el concepto fundamental de definición de la naturaleza del Estado español. De hecho, supone cuatro condiciones indispensables :
  • que reine la ley,
  • que todos los poderes públicos estén sujetos a este imperio,
  • que sea garantizado el pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos,
  • que los poderes sean divididos entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Al saber que el delito y la pena vienen determinados por la Ley y no por la voluntad caprichosa de un gobernante, el ciudadano sabe perfectamente a qué atenerse, cuando está dentro de la Ley y cuándo no, y posee la seguridad de que sólo una efectiva infracción de las Leyes le acarreará la sanción, pero no como castigo particular arbitrariamente impuesto, sino como sanción por haber atacado el orden legal que la comunidad se ha dado a sí misma, libremente.
En cuanto a la separación de los poderes, es un principio enunicado por Montesquieu. La idea es que cuanto más dividido esté el poder, menos posibilidad queda para la arbitrariedad contra los ciudadanos. Así, los tres poderes, separados, se controlan mutuamente, e impiden la actuación fuera de límite de cualquiera de ellos.

Sigamos con esta primera frase del artículo 1 : «propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.» Si los tres primeros valores son conocidos, conviene explicitar a qué corresponde «el pluralismo político».
Una elección es plenamente democrática cuando se plantea entre opciones políticas diferentes, antagónicas. Sin este pluralismo, todo el proceso electoral es nulo. Por lo tanto un Estado democrático necesita pluralismo político con los partidos - instrumentos indispensables a la hora de llevar a la práctica la teoría de las organizaciones políticas democráticas (cf. artículo 6) - y pluralismo social con sindicatos de trabajadores, asociaciones patronales de empresarios y organizaciones profesionales, grupos que tienen como misión vertebrar una defensa de intereses de carácter económico, social y profesional, y hasta presionar ante los poderes públicos (cf. artículo 7). Y en la sociedad, el pluralismo se expresa en la religión, en las libertades de expresión, de enseñanza, etc.

El segundo punto de este artículo define claramente la naturaleza de democracia del España : «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.»
El tercer y último punto la define como una «Monarquía parlamentaria», o sea una monarquía donde el poder reside en las Cortes como representantes del pueblo.

Artículo 2


«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»
Este artículo es fundamental para entender la organización de España, entre unidad indisoluble y derecho a la autonomía, entre unicidad y pluralidad, entre nación y regionalismos. Es a partir de este artículo que se puede desarrollar el conjunto del título VIII de la Constitución, sobre la organización territorial de España.

Artículos 3 y 4


Los artículos 3 y 4 son la aplicación del artículo 2 en los campos del idioma (el castellano / las demás lenguas españolas) y de la bandera (la bandera española / las de las Comunidades Autónomas).

Artículo 5


«La capital del Estado es la villa de Madrid.»

Artículos 6 y 7


Como ya lo dijimos, estos artículos fundamentan el pluralismo del Estado, afirmando la libertad de los partidos políticos y de los sindicatos y otras asociaciones.

Artículo 8


«Las Fuerzas Armada, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.»
Mientras que bajo Franco el Ejército tenía muy amplias atribuciones, con la Constitución pierde gran parte de su poder. Sobre todo, ya no desempeña el papel de fuerza de seguridad. El artículo 97 también expresa esta subordinación del Ejército al poder civil. Una Ley Orgánica de 1980 vendrá a confirmar esta tendencia, añadiendo : « El Presidente del Gobierno dirige y coordina la acción del mismo en materia de defensa. Corresponde, asimismo, al Presidente del Gobierno ejercer la dirección de la guerra, asistido por la Junta de Defensa Nacional. »

El punto segundo de este artículo es revelador de la manera de funcionar de una Constitución. «Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.» O sea que los valores y los principios fundamentales quedan dictados en la Constitución, pero los detalles prácticos, los reglamentos específicos a cada esfera y a cada grupo se precisarán en leyes posteriores. Así, encontramos muchas veces expresiones como «La ley determinará...», «La ley regulará...»

Artículo 9


La noción más importante a la que alude este artículo es «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales». Establece que no se puede juzgar acciones pasadas a partir de las nuevas normas establecidas.



3. TÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES



El concepto de derechos fundamentales, o derechos humanos, naturales, libertades personales, es el resultado de un largo proceso de elaboración. Se conforma doctrinalmente en el siglo XVII, se desarrolla en el siglo XVIII y se proyecta jurídicamente a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX (revoluciones francesa y norteamericana).
Se vincula con la idea de un «estado de naturaleza», de la existencia prealable a la sociedad política de un orden natural, configurado por unas normas y leyes naturales. Según esta teoría, cuando las necesidades de los hombres los llevan a formar comunidades, el poder político nace para proteger los derechos individuales. Así que el Estado sólo se legitima en cuanto que es defensor y protector de esos derechos.

Los derechos fundamentales son :
  • los derechos civiles que protegen el desarrollo armónico de la vida individual frente a los demás y frente al Estado, para la plena realización de la persona humana
  • los derechos políticos de participación en la vida comunitaria
  • los derechos sociales que implican prestaciones del Estado para trabajo, vivienda, educación, salud...
Respetar estos derechos implica la obligación negativa de no lesionar la esfera individual o institucional, pero también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos.
Un Estado de Derecho garantiza estos derechos, con tal de que los ciudadanos respeten en cuanto a ellos sus deberes, que son la otra cara de la misma moneda.

Artículo 10


Es importante señalar que mediante el punto segundo del artículo 10, España insiste en su inclusión dentro de las democracias internacionales :
«Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.»

3.1. CAPITULO PRIMERO. De los españoles y los extranjeros


Este capítulo establece las condiciones de adquisición y conservación de la nacionalidad española, la posibilidad de doble nacionalidad.
El artículo 13 es el más interesante ya que concierne los puntos más problemáticos como las condiciones de extradición y los derechos diferenciados de los españoles y de los extranjeros : sólo los primeros tienen derecho de elegir y de ser elegido, de acceder a funciones públicas (cf. artículo 23). Pero los extranjeros pueden tener derecho a participar para las elecciones municipales extranjeros.

3.2. CAPITULO SEGUNDO. Derechos y libertades


Artículo 14


«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social »
Este artículo anticipa cualquier discriminación posible. En efecto, el derecho a la igualdad ante la Ley es uno de los elementos estructurales del Estado de Derecho, uno de los valores superiores. Es consustancial a la eliminación de discriminaciones, privilegios, distinciones de trato, arbitrariedad.

SECCIÓN 1a. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas


En esta primera sección del capítulo segundo, se examinan los derechos y libertades del individuo. En la segunda sección se examinarán los derechos y deberes del ciudadano.

Artículo 15


«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.»
El derecho a la vida parece evidente, pero en realidad es muy polémico, pues toca temas como el aborto y la eutanasia.

Artículo 16


Este artículo establece la «libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades». Para los individuos, corresponde al derecho de profesar la fe religiosa que se desee, de manifestar sus creencias, de practicar actos de culto, de recibir enseñanza, de asociarse... Para las comunidades, corresponde al derecho de divulgar credo, de formar a ministros y de establecer lugares de culto.

Lo característico de la Constitución española viene expresado en el tercer punto :
«Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.»
Este punto es muy polémico, pues si establece el carácter no confesional del Estado, tampoco establece su laicidad y asume el catolicismo mayoritario.

Artículo 17


Aquí se establecen las garantías preventivas y procesales de todo juicio para proteger al individuo contra la arbitrariedad.

Artículo 18


En el primer punto, cabe explicitar el concepto de « derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. » Implica la existencia de un ámbito proprio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás. Nos puede parecer evidente, pero en realidad muchos casos violan estos derechos : escuchas telefónicas, fraudes informáticos... Para preservarlos, las Cortes votarán varias Leyes Orgánicas : tipificación penal de las escuchas telefónicas en 1984, regulación del tratamiento automatizado de datos personales en 1992.
Otro punto problemático es la colisión de estos derechos con los de libertad de expresión y de informacion (cf. artículo 20). Existe en realidad cierta prevalencia de la libertad de expresión e información, con tal de que responda a dos condiciones : veracidad e interés público.

Artículo 19


Se afirma el derecho de cada español de elegir libremente su residencia, de circular por el territorio nacional así como de entrar y salir del territorio.

Artículo 20


Aquí se da la lista de los derechos de información y de expresión, que sea en relación con los medios de comunicación social o con la función docente o creativa. El punto cuarto afirma, como lo hemos subrayado, el límite que presenta para estos derechos «el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.»

Artículos 21 y 22


Estos dos artículos establecen las condiciones necesarias para poder ejercer el derecho de reunión (pacífica, sin armas), el derecho de concentración o manifestación (previa comunicación a la Autoridad competente, finalidad lícita, duración transitoria) y el derecho de asociarse (salvo asociaciones que utilicen medios o persigan fines tipificados como delito, asociaciones secretas, asociaciones de carácter paramilitar). El artículo 34 establecerá los requisitos del derecho de fundación.
Incluye el derecho de no reunirse, de no manifestar...

Artículo 23


Afirma el derecho de elegir y de ser elegido.

Artículo 24, 25 y 26


Se determinan los derechos de un procesado y de un condenado.

Artículo 27


Este artículo bastante largo examina el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, estableciendo el funcionamiento de los centros docentes y de las universidades.

Artículo 28


Trata del derecho de fundar sindicatos, de sindicarse, de hacer huelgas. Es interesante ver la prudencia con la que el gobierno intenta reducir la potencia del Ejército en el país, como se ve en el punto primero acerca del derecho de sindicarse : «La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar [...].»

Artículo 29


Se establece el derecho de petición. Otra vez el caso del Ejército aparece, en el punto segundo : «Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.»


SECCIÓN 2a. De los derechos y deberes de los ciudadanos


«Derechos» y «deberes» son indisociables dentro de la ciudadanía.

Artículo 30


Los Españoles tienen el deber de defender a España y por lo tanto, obligaciones militares. Pero cabe precisar que el servicio militar obligatorio ha desaparecido por aplicación de la Disposición Adicional 13a de la Ley 17/1999, 18 de mayo.

Artículo 31


Este artículo afirma el principio de los impuestos y del gasto público, insistiendo en los principios de igualdad y de proporción equitativa.

Artículo 32


El punto primero es explícito : «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.»

Artículo 33


Punto primero : «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.» Aquí se inspira la Constitución de la filosofía liberal de Locke, que establece que la propiedad y la herencia es uno de los derechos naturales, emanado de la naturaleza del hombre e inherente al pleno desenvolvimiento de la personalidad.
Pero como cualquier derecho, es sometido a un conjunto de deberes y obligaciones, en atención a valores o intereses de la colectividad. Se ve muy bien en el caso de la propiedad inmobiliaria : los planes de urbanismo no dejan a los propietarios libres de sus construcciones.  Lo individual se conforma a lo colectivo.

Artículo 34


Con referencia al artículo 22, aquí se reconoce el derecho de fundación.

Artículo 35


Punto primero : «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.»
Ya que todo español tiene el derecho de trabajar, el Estado tiene el deber de garantizar el pleno empleo de la sociedad. Sabemos que en la realidad, no se así, pero una Constitución establece un horizonte utópico, un ideal. El papel del Estado es de hacerlo todo para ir acercándose a este ideal.

Artículo 36


Se trata aquí de un punto específico sobre los Colegios Profesionales y su funcionamiento.

Artículo 37


Este artículo completa el número 28, explicitando las maneras de ejercer el derecho a defender sus intereses. Pero también se exige el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, aquéllos sin los cuales peligraría la vida, la salud y la satisfacción de las necesidades básicas de la persona.

Artículo 38


Se reconoce aquí, en una perspectiva liberal, la libertad de empresa.


3.3. CAPÍTULO TERCERO. De los principios rectores de la política social y económica



Artículo 39


Podría llamarse este artículo «Protección de la familia y de los hijos» tanto en lo social y lo económico como jurídicamente.

Artículo 40


Conforme a lo que dijimos acerca del artículo 35, el Estado intenta aproximarse al ideal de igualdad, de justicia, de bienestar que viene definiendo la Constitución. Conviene aquí reproducir la totalidad del artículo para darse cuenta de los esfuerzos a los que se compromete :
«1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicxos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales ; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.»
Desde 1983, la semana laboral es de 40 horas máximo, y las vacaciones anuales de 30 días mínimo.

Artículo 41


«Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.» Vemos entonces que el Estado preve disposiciones paliativas en caso de que no pueda garantizar el pleno empleo.

Artículo 42


Trata brevemente de los derechos de los trabajadores españoles en el extranjero.

Artículo 43


Éste se podriá titular «Derecho a la protección de la salud».

Artículo 44


El Estado también se compromete a permitir el acceso a la cultura y a promover la investigación científica.

Artículo 45


Ya en 1978 la preocupación medioambiental tenía importancia, pues este artículo es reservado a la cuestión de la protección ecológica y de las sanciones en caso de violación de los reglamentos.

Artículo 46


Este artículo establece el deber de conservar y promover el «patrimonio histórico, cultural y artístico.»

Artículo 47


«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulado la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.» Bien se sabe que éste es uno de los problemas más agudos que conoce España hoy en día.

Artículo 48


«Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.» De manera muy vaga, este artículo reconoce la importancia del papel de la juventud en la sociedad, ¿quizás para disminuir simbólicamente la presencia de la generación del franquismo?

Artículo 49


Establece el deber público de integrar a  los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.

Artículo 50


Igualmente se establece el deber público a cuidar a las personas de tercera edad.

Artículo 51


Por este artículo se garantizan los derechos de los consumidores y usuarios, en el marco de la economía de mercado.

Artículo 52


Se permiten las organizaciones profesionales para la defensa de intereses económicos propios, con tal de que su estructura sea democrática.


3.4. CAPITULO CUARTO. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales


Los artículos 53 y 54 que constituyen este capítulo cuarto reafirman globalmente todos los derechos definidos antes explicando a quién dirigirse para hacerlos respetar.


3.5. CAPITULO QUINTO. De la suspensión de los derechos y libertades



Este capítulo es constituido de un solo artículo, el número 55. El segundo punto explica cuáles son los derechos suspensos en caso de encarcelamiento, por lo tanto en caso de suspensión individual. El primer punto trata de los tres casos de suspensión general de derechos y libertades, que se verán explicitados en el artículo 116 pero que para más claridad evocamos enteramente aquí :
- estado de alarma en caso de catástrofes, crisis sanitarias, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad... En tales casos, el gobierno puede llegar a condicionar el ejercicio de los derechos o a restringirlos. Por ejemplo puede suspender los permisos de armas, limitar la circulación, ocupar de manera transitoria centros industriales... El estado de alarma es aprobado por el Gobierno, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministro.
- estado de excepción en caso de alteración extraordinaria de la convivencia, del funcionamiento normal de las Instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales. Es declarado por el Gobierno mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso. Según el Decreto pueden variar los efectos, su ámbito territorial, la duración (el máximo es de 30 días, prorrogables por otro plazo igual con autorización parlamentaria).
- estado de sitio en caso de peligro para la seguridad interior o exterior del Estado. En tal caso la Autoridad militar designada ejecuta bajo dirección del Gobierno las medidas requeridas. Es declarado por el Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno, por mayoría absoluta de los Diputados, mediante Resolución. También pueden variar el ámbito territorial, la duración y las condiciones básicas. Puede llegar a afectar los derechos relativos a la libertad personal y a las garantías de la detención preventiva, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, la libre elección de residencia y circulación, la libre expresión de ideas y de informaciones, la reunión y manifestación, la huelga y la adopción de medidas de conflicto colectivo.

Novembre 2007

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mise à jour le 18 novembre 2008
Créé le 16 décembre 2007
ISSN 2107-7029
DGESCO Clé des Langues